31 de julio de 2022 — El “Centro para Contrarrestar la Desinformación”, del gobierno de Ucrania, publicó el 14 de julio mi nombre y mi retrato en una lista de 72 personas a quienes ellos acusan en su sitio electrónico de “promover narrativas cónsonas con la propaganda rusa”. Si bien esto ya es un atentado atroz contra nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión por parte de una potencia extranjera, desde entonces he llegado a conocer que el día en que se publicó la lista negra ucraniana, Andriy Shapolavov, director del Centro para Contrarrestar la Desinformación, en su presentación ante una mesa redonda internacional que trató sobre “la lucha para contrarrestar la desinformación” en la que hubo “representantes de autoridades de Estados, organizaciones públicas, medios de comunicación, y expertos internacionales… con el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos”, calificó de “terroristas de la información” a las personas que están incluidas en esa lista negra, y dijo que Ucrania está preparando una ley para que esas personas puedan ser procesadas como “criminales de guerra”. (Ver en este enlace el sitio electrónico del Centro para Contrarrestar la Desinformación, https://cpd.gov.ua/events/3898/)

Esto tiene obvias implicaciones de seguridad para mí y para cada una de las personas incluidas en esta lista, entre las que se encuentran la ex congresista estadounidense Tulsi Gabbard, el actual senador estadounidense Rand Paul y, notablemente, 30 personas que hablamos en conferencias auspiciadas por el Instituto Schiller de Helga Zepp-LaRouche, quien es la segunda de la lista, después de Graham Fuller, quien también fue ponente en la conferencia del Instituto Schiller.

Scott Ritter, destacado analista militar y ex inspector de armas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien también figura en la lista, hizo pública una carta dirigida a sus representantes federales en el Congreso, el senador Chuck Schumer y la senadora Kirsten Gillibrand, y el congresista Paul Tonko, todos los cuales votaron a favor de la financiación suplementaria de emergencia para el gobierno de Ucrania, en lo que se convirtió en la ley pública 117-128. Ritter escribe, “Al promulgar la Ley Pública 117-128, usted parece haber renunciado a sus responsabilidades constitucionales en la medida en que puede, de hecho, haber redactado una ley que coarta la libertad de expresión y la libertad de prensa, al permitirle al gobierno de Ucrania, mediante el uso de los dólares de los contribuyentes estadounidenses asignados en virtud de la Ley Pública 117-128, publicar una ‘lista negra’ en la que se señala a ciudadanos estadounidenses como ‘propagandistas rusos’ por ejercer sus derechos constitucionales relativos a la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

Continúa diciendo más adelante: “Como ciudadano cuyo nombre apareció en una llamada ‘lista negra’ que fue publicada por el Centro para Contrarrestar la Desinformación de Ucrania, mi vida personal y profesional se ha visto, y sigue viéndose, perjudicada por el efecto amedrentador de ser etiquetado como ‘propagandista ruso’ por el simple hecho de ejercer el derecho a la libertad de expresión, garantizado por la Constitución de Estados Unidos. Además, Ucrania tiene un historial de convertir las ‘listas negras’ de esta naturaleza en ‘listas de asesinatos’ en las que se asesina o se amenaza con violencia a quienes se manifiestan en contra de las políticas del gobierno ucraniano. Estoy seguro de que usted está de acuerdo conmigo en que el Congreso no puede mantener la posición en la que, a través de sus acciones, se proporcione a gobiernos extranjeros los medios para intimidar a los ciudadanos de Estados Unidos para que no ejerzan sus derechos constitucionalmente protegidos con relación a la libertad de expresión.

“Por lo tanto, solicito respetuosamente que cada uno de ustedes investigue la función, dado el caso, de los fondos autorizados por ustedes en virtud de la Ley Pública 117-128, que hayan sido utilizados para respaldar las acciones del Centro Ucraniano para Contrarrestar la Desinformación, y más específicamente, si algún fondo asignado en virtud de la Ley Pública 117-128 ha sido utilizado para pagar los salarios de los funcionarios ucranianos empleados por el Centro Ucraniano para Contrarrestar la Desinformación involucrados en la preparación y difusión de esta llamada ‘lista negra’”.

Como candidata independiente asociada a LaRouche, para el Senado de Estados Unidos, específicamente para contender con el senador Charles Schumer en las elecciones de mitad de período del 8 de noviembre, me gustaría subrayar lo dicho por Scott Ritter, y hacer una pregunta adicional a Schumer, líder de la mayoría en el Senado: “¿Es su intención silenciar mi voz de forma indirecta, pero en forma amenazante, votando para financiar a los funcionarios ucranianos que han declarado que yo debería ser arrestada por crímenes de guerra?”.

Entiendo que un miembro del Parlamento danés respondió a la petición de un ciudadano danés incluido en esta lista negra, de que se investigue en el Parlamento danés cómo se ha producido esto y quién lo financia.

Dado que los estadounidenses son muy sensibles ante el hecho de que gobiernos extranjeros interfieran en nuestras elecciones, como parece que lo hace el Centro para Contrarrestar la Desinformación, del régimen ucraniano, yo exhortaría a nuestros congresistas a que investigaran si el dinero de los contribuyentes estadounidenses se está utilizando para apoyar a las agencias que pretenden restringir nuestros derechos ante la Primera Enmienda y alterar el resultado de las próximas elecciones. El senador Schumer me debe una explicación.

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